Chihuahua.- Con ausencia de los representantes de partidos políticos, el Consejo del Instituto Estatal Electoral, declaró formalmente instalado dicho órgano con motivo del proceso electoral donde serán electos jueces y magistrados estatales y acordó la elaboración de un anteproyecto de presupuesto para solicitar recursos adicionales al Congreso del Estado.
La consejera presidenta, Yanko Durán, advirtió que los tiempos están ajustados, con definiciones legales que se implementarán conforme transcurre el proceso, en uno de los retos mas grandes que enfrenta el Instituto desde su creación.
El Consejo aprobó que sea la presidencia con ayuda de la secretaria ejecutiva, quien elabore el proyecto de presupuesto para solicitar una ampliación a los recursos autorizados para el 2025 por parte del Congreso del Estado.
La consejera presidenta, Yanko Durán, sostuvo que ayer con la celebración de la Sesión que establece el artículo transitorio tercero de la Reforma Constitucional, se inicia la etapa de preparación del proceso electoral extraordinario para la elección del primero de junio del 2025.
“Estamos ante una elección inédita en que las titularidades del poder judicial serán electas por el voto popular”, indicó al hacer uso de la palabra en la sesión efectuada pasado el mediodía.
Recordó que el IEE tiene alrededor de tres de décadas, de haber sido creado, tiempo en el que ha organizado procesos electorales ordinarios y extraordinarios.
“Como en el resto del país -expresó- tenemos en nuestro estado una autoridad que cuenta con la suficiente experiencia para hacer elecciones incluso con aplicación de reglas novedosas, pues así lo ha sido en la totalidad de procesos electorales, en que previo a sus inicios se realizó alguna reforma constitucional o legal”.
Así, “en esta ocasión nos encontramos frente a una reforma trascendental que redefine la configuración y conformación del poder publico y de paso la materia electoral”, en un nuevo modelo de designación de personas juzgadoras que lleva aparejada la intervención de la autoridad electoral.
“Por supuesto -agregó- el reto es mayúsculo”, porque “la totalidad de definiciones legales no se encuentran aun en la normativa secundaria, sino que se van a implementar atípicamente mientras transcurre el proceso”.
En ese sentido, recalcó, la coordinación entre instituciones será fundamental para que el proceso sea exitoso”.
“Por lo que a nosotros corresponde ya nos encontramos trabajando, analizando a profundidad el decreto de reforma a la Constitución para prever las implicaciones materiales, legales, reglamentarias y presupuestales que son necesarias para organizar un proceso en el que se cumplan plenamente los principios rectores de la materia, certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género”, apuntó.
Precisó que esta es la primera vez que se realiza este tipo de elección y en una fecha que no corresponde a un proceso electoral ordinario, por lo que “estamos conscientes de que el esfuerzo para llamar a la ciudadanía a participar, debe ser exponencialmente mayor, pues desde cada institución que intervendrá en el proceso se deberá fomentar la participación ciudadana dando a conocer la elección”.
Por ello, invitó a la ciudadanía chihuahuense a seguir de cerca este proceso de elección de las personas juzgadoras, mismo que se traduce “en una decisión fundamental para la vida pública”.
“Obviamente los tiempos son ajustados -advirtió-, y debemos actuar con la suficiente celeridad conforme se vayan cumplimentando las etapas que marca el régimen transitorio de la reforma constitucional, entre los actos necesarios, este consejo habrá de plantear las medidas presupuestarias necesarias para organizar la elección, considerando la máxima participación de la ciudadanía”.
Concluyó señalando que esta cierta que la nueva elección representa uno de los retos mas grandes del instituto estatal electoral desde su creación, ante el cambio de paradigma electoral que representa la reforma en materia judicial.
Insistió en el llamado a la ciudadanía para que participe en la elección desde la etapa de preparación, vigilando que los actos de las autoridades se apeguen a la legalidad, interviniendo como observadoras y observadores, como capacitadoras y capacitadores y supervisores electorales, así como en la integración de las mesas receptoras de votación y principalmente acudiendo a votar el próximo primero de junio.
“Estamos ante una nueva posibilidad de participación, cuestión que implica una oportunidad que de ninguna manera podemos desaprovechar”, consideró.
A su vez, el consejero Luis Gutiérrez sostuvo que el momento marca un hito en la vida electoral del país, en un hecho que implica tareas sin precedentes y cuya definición está en construcción.